Auction 746, Lot # 54

DI - Cano Manuel, Antonio.
Bando sobre la Abolición de la Inquisición Española.
"La Regencia del Reyno se ha servido dirigirme el Decreto que sigue. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española… Las cortes generales y extraordinarias, queriendo que lo prevenido en el artículo 12 de la Constitución tenga el más cumplido efecto, y se asegure en lo sucesivo la fiel observancia de tan sabia disposición, declaran y decretan: CAPITULO I, Articulo 1o. La Religión Católica, Apostólica, Romana será protegida por leyes conformes a la Constitución. 2o. El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución… Cádiz 23 de Febrero e 1813.".
3 páginas.
Con mancha de humedad y ligeras rasgaduras en margen exterior.
En virtud de este decreto, firmado el 23 de febrero de 1813 en las Cortes de Cádiz, se pone fin al tribunal de la inquisición, ya que se considera que es incompatible con la Constitución, tal como se decreta en el artículo 2o. del documento.
Fue un proceso largo que tuvo varios episodios de abolición y de restauración relacionados con la alternancia de las tendencias liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. El fin de la Inquisición vino de la mano de la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón, suprimiéndose ya en la denominada Constitución de Bayona de 1808 los tribunales de atribuciones especiales. Sería el propio Napoleón, tras su victoria de Somosierra, quien de forma expresa aboliera el Santo Oficio "como atentatorio a la Soberanía y a la Autoridad Civil.
El decreto de supresión, firmado en diciembre de 1808, se presentaba como una decisión propia del Emperador, utilizándose por el bando francés como un elemento de propaganda de primer nivel en la guerra contra España.
En el presente bando español, se suscitó en el seno de las Cortes reunidas en Cádiz un fuerte debate sobre si la existencia de la Inquisición era compatible con la nueva Constitución. Para ello se creó una comisión, que emitió un informe titulado "Discusiones sobre la Inquisición", que sirvió como texto base para la decisión de las Cortes. Como resultado de ello el 22 de febrero de 1813 se promulgó el Decreto CCXXIII, Abolición de la Inquisición: establecimiento de los tribunales protectores de la Fe. Se imprime el bando un día después, el 23 de febrero de 1813.
La desaparición del Santo Oficio no supuso sin embargo la libertad religiosa, pues, de hecho, el artículo 12 de la Constitución prohibía de forma expresa el ejercicio de cualquier religión distinta a la católica.
Lo que realmente establecía el Decreto de Abolición era la sustitución de los tribunales de la Inquisición por unos tribunales protectores de la fe (como se puede ver en el artículo 3o. y 4o. del bando), rescatados de la legislación recogida en las Partidas. En ellos se restituía a los obispos en la competencia de velar por la ortodoxia en su obispado, devolviéndoles la jurisdicción sobre asuntos de fe. Además, se establecía el Derecho y el procedimiento común como forma de enjuiciar los delitos contra la fe, con lo que se prohibían los excesos con los que actuaba la Inquisición, tales como la ocultación al reo del nombre de su acusador, la presunción de culpabilidad, la incomunicación del acusado y la designación del defensor. Con todo, se mantenía el delito de herejía y la censura eclesiástica de libros, a pesar de que la Constitución sí reconocía el derecho de libertad de imprenta
No fue esta ni la primera ni la última de las aboliciones del Santo Oficio, sí fue la primera vez que los españoles convertidos en ciudadanos daban carta de naturaleza jurídica a su rechazo a un tribunal que había impuesto la ortodoxia católica a sangre y fuego en todos los territorios de la Monarquía Hispánica desde su creación a finales del siglo XV.
Véase en: http://www.juntadeandalucia.es
El presente bando es considerado el primer "golpe de muerte" que recibió la Inquisición.
Históricamente muy relevante, extremadamente raro documento; únicamente se ubican copias en la Universidad de Berkeley (Worldcat), y en la Biblioteca Pública de Cádiz (Catálogo de Bibliotecas Públicas de España (http://www.mecd.gob.es).
Estimado $45,000-60,000